El Grupo Popular en la Diputación, a través de su portavoz adjunto, Luis García Navarro, ha llevado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla el caso de 33 contratos de monitores docentes para los Cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) a celebrar entre 2004 y 2005, por parte de la institución provincial, que podrían suponer infracciones del derecho laboral. Los populares han indicado que ponen a disposición de este organismo toda la documentación para que investigue los hechos.
Según explicó a ABC García Navarro, estos monitores tienen contratos administrativos, es decir que son personal autónomo, y deberían tener contratos laborales. El dirigente popular indicó que «estos trabajadores han de pagar sus cuotas a la Seguridad Social como trabajadores autónomos que son cuando la obligación es haberles hecho contratos laborales durante el tiempo que durasen los cursos y que la Diputación corriera con el pago de las cuotas».
García Navarro explica que, tras el análisis de la documentación, que incluye las resoluciones de presidencia, para las contrataciones, «la consecuencia inmediata de esta discrepancia en la calificación de las relaciones de los monitores docentes es el cambio de adscripción al Régimen de la Seguridad Social, que conlleva la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores de Trabajadores Autónomos» en vez de el el Régimen General de Trabajadores por Cuenta Ajena».
Esto, reitera el dirigente popular, «con independencia de la calificación jurídica otorgada, puede generar efectos negativos en la esfera del trabajador». También resalta García Navarro que «los hechos relacionados pueden conllevar diferencias en el ingreso de las cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social».
Luis García Navarro resaltó que se han denunciado estos hechos ante la Inspección de Trabajo para que actúe con la misma contundencia que empleo contra el Ayuntamiento de Sevilla por contratar a personal de manera similar, «vulnerando los derechos sociales de los trabajadores».
Según refleja García Navarro en su escrito de denuncia «las citadas contrataciones de monitores docentes pueden afectar a 33 personas, pudiendo las mismas incurrir en los defectos» que se cometieron en el Ayuntamiento de Sevilla, por las contrataciones realizadas en el Área de Participación Ciudadana de monitores sociocultural de Ocupación de Tiempo Libre.
En este caso, la Inspección de Trabajo presentó en marzo un acta de infracción contra el Ayuntamiento hispalense por 530 infracciones contra la normativa de la Seguridad Social relacionadas con contrataciones irregulares en los distritos de la ciudad. La ilegalidad hacía referencia, al igual que en el caso de la Diputación, a monitores contratados como personal autónomo, que deberían haberse incorporado al RégimenGeneral de la Seguridad Social como personal que presta regularmente sus servicios en el Ayuntamiento a través de los distritos. La reclamación calificó los hechos como «muy graves» y solicitó sanciones del máximo nivel con sanciones de 1.549.000 euros.
Publicado por ABC