El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía al auto del pasado 14 del febrero, según el cual se denegaba la suspensión cautelar de la tasa por expedición por convenio urbanístico. Como se recordará el Ayuntamiento de Espartinas aprobó en Pleno aplicar una tasa por tramitación de documentos urbanísticos que inmediatamente fue recurrida por la Delegación de Gobierno a instancias del PSOE municipal. El auto fue recurrido ante la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el pasado 2 de mayo este ente volvió a dar la razón al Ayuntamiento de Espartinas desestimando este recurso.
El alcalde de Espartinas, Domingo Salado, se mostró satisfecho  por la decisión del Tribunal al tiempo que mostró su indignación por la postura del PSOE y su connivencia con las instituciones que gobierna, “para quienes no existe otro afán que el de desestabilizar al Consistorio espartinero, anteponiendo intereses políticos a la búsqueda del beneficio del municipio”.
Asimismo, manifestó que “una vez más un Juzgado vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Espartinas, considerando totalmente legales el cobro de estas tasas, ingresos que son necesarios para seguir trabajando por el progreso de Espartinas”.
Este revés judicial de la oposición se une al que recibió hace algunos días el PA de Espartinas, tras la decisión del Juzgado de Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor de decretar el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, por presuntos delitos de prevaricación y delito societario por la venta de acciones de Agrícola Espartinas S.L. a la sociedad municipal Esdelsa.
Para Javier Jiménez, “estas decisiones judiciales no hacen sino demostrar que las diferentes actuaciones del gobierno espartinero se hacen conforme a la ley, bajo luz y taquígrafos. Este gobierno está tranquilo respecto a su trabajo. No así debe estarlo la oposición, cuyo trabajo durante estos cuatro años ha sido el de interponer denuncias falsas, algo que está penalizado por ley”.